UNIFICACIÓN
DE PERÍODOS: LA GRAN MENTIRA CLIENTELISTA
David Jiménez[1]
La Asamblea Nacional
Constituyente en 1991, con el fin de prevenir el clientelismo bajo las
estructuras y jerarquías desde el nivel nacional al regional, dado su
fortalecimiento y capacidad de conservación del poder político, optó por
separar las elecciones nacionales de las territoriales. Ahora, la propuesta de
unificar periodos de todas las autoridades, no busca solo que los gobernantes
tengan más tiempo para cumplir sus promesas, sino, claro está, profundizar el
clientelismo regional y nacional.
La
ficción del constituyente derivado y la Unidad Nacional
En la pasada campaña
presidencial, el entonces candidato-presidente con el propósito de persuadir a
gobernadores y alcaldes propuso ampliar el periodo de estos a 6 años. Dada la
inconstitucionalidad de la iniciativa, ahora salen con la invención de una
transición donde los actuales pueden participar a la reelección por 2 años y,
posteriormente, los periodos quedarían de 6 años igual al del Presidente, en
caso de que se apruebe la mal llamada reforma al equilibrio de poderes.
A su vez, uno de los
promotores de la iniciativa es la Federación Colombiana de Municipios, que a
través de su director Gilberto Toro, una especie de “inamovible,” afirma que la
ampliación de periodos permitirá la gobernabilidad dada la parálisis que
produce la Ley de Garantías cada dos años. [2]
La verdad es que la
parálisis gubernamental se da por la prohibición de la contratación directa,
dado que la regla para contratar es la Licitación Pública. De un plumazo desconoce
el director Gilberto Toro, el alto porcentaje de utilización de la modalidad de
contratación directa que es la práctica descarada en las entidades públicas,
con el exclusivo propósito de obviar los procesos abiertos y públicos.
Esta conducta aberrante es
advertida por los organismos de control, pero nadie se atreve a cuestionarla
por la potísima razón, que la contratación directa permite pagar los favores
políticos a los copartidarios de una causa electoral, sin tener que pasar por
las indeseables trabas de una licitación. En suma, el problema no es la
parálisis gubernamental, sino que no quieren aplicar la modalidad de Licitación
Pública en el periodo electoral: ¿A qué
le temen, tirios y troyanos?
Por otra parte, la cacareada
unificación de periodos permite el fortalecimiento de jerarquías desde un
Presidente hasta un edil de una Junta Administradora Local. El resultado
es la obstrucción a la aparición de
nuevas expresiones políticas locales y regionales que confronten el proyecto
hegemónico presidencialista de turno, y su reproducción hasta el absurdo, por
el clientelismo. A través del mal uso del presupuesto público para obtener
votos a cambio, por medio de “inversiones envenenadas” en determinados municipios
o regiones.
Finalmente, el
autodenominado “constituyente derivado”, representado en el desvencijado
Congreso de la República busca sustituir la Constitución de 1991, contra viento
y marea. Conviene volver a recordarlo, que en ella se aprobó con sabiduría
anti-clientelar un período para mandatarios territoriales de 3 años y
elecciones separadas a nivel nacional y regional; pero, luego en 2002 a través
de acto legislativo se amplió a 4 años.
Ahora los amantes del
despilfarro y el enriquecimiento buscan in
tuito personae ampliar a 6 años el negocio que desangra las entidades
político-administrativas de un república cegatona, dizque con la causa justa de
unificar el periodo de elecciones que redundará en buen gobierno.
[1]
Politólogo y Estudiante de la Maestría en Estudios Políticos Universidad
Nacional de Colombia. Participante externo del grupo presidencialismo y
participación. E-mail: presid.y.partic@gmail.com
[2]
Palacios Mejía, D. (Octubre 23, 2014). Gobierno logró sacar adelante su promesa,
El Colombiano, [en línea] http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/G/gobierno_logro_sacar_adelante_su_promesa/gobierno_logro_sacar_adelante_su_promesa.asp
